Santo Domingo, R.D. — En ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, el diputado nacional por Alianza País, Pedro Martínez, reiteró su compromiso con la protección de los derechos fundamentales durante una entrevista institucional, en la que advirtió sobre la persistencia de prácticas violatorias que continúan afectando a sectores vulnerables de la sociedad dominicana. El legislador enfatizó la urgencia de robustecer las garantías ciudadanas y reforzar los mecanismos estatales destinados a prevenir abusos.
Martínez lamentó los casos de intervenciones policiales que han terminado en muertes y denuncias de ejecuciones extrajudiciales, afirmando que estos hechos representan una mancha para la institucionalidad y socavan la confianza en los organismos de seguridad. Señaló que, pese al marco legal existente, la falta de determinación política obstaculiza avances reales en transparencia, supervisión y rendición de cuentas dentro del sistema público.
El congresista explicó que varias comisiones legislativas han realizado inspecciones a centros de detención y recintos penitenciarios, entre ellos San Pedro de Macorís y Operaciones Especiales, para verificar denuncias sobre abusos, irregularidades y fallecimientos bajo custodia. Indicó que en los próximos días se llevará a cabo una nueva visita a “Las Parras” con el objetivo de evaluar las condiciones de los internos y garantizar el respeto a sus derechos.
Asimismo, Martínez abordó el caso reciente de la menor de ascendencia haitiana fallecida tras presunto acoso escolar, calificándolo como un hecho profundamente alarmante que evidencia la persistencia de prejuicios y manifestaciones de discriminación contra la población migrante. En el plano legislativo, anunció el inicio de un diplomado especializado en derechos humanos para legisladores y técnicos del Congreso, como parte de un esfuerzo coordinado con organismos internacionales para elevar la capacitación institucional. También insistió en la urgencia de reformar el sistema de seguridad social para ampliar la protección de los afiliados y asegurar un acceso más justo y efectivo a los servicios de salud.
